• Las autoridades aseguran que estos retrasos generan que en la actualidad muchas comunas del país no tengan instrumentos o bien estos por su antigüedad sean demasiado ambiguos, impidiendo el desarrollo de ellas.
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Lautaro Carmona
La iniciativa propone modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones con la finalidad de evitar la burocracia actual y apurar la aprobación de los instrumentos de planificación urbana. El parlamentario Juan Manuel Fuenzalida elevó esta semana una minuta con el sustento tras la propuesta, que asegura, podría destrabar inversiones sobre los US$ 4.000 millones y generar más de 3.000 puestos de trabajo.

Facultar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que resuelva los eventuales conflictos que se pudiesen generar entre los diversos sectores de planos reguladores parcialmente aprobados; y establecer un plazo de aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el fin de facilitar la aprobación de planos reguladores, es lo que busca una iniciativa que dio a conocer a principios de octubre el diputado Juan Manuel Fuenzalida.

US$ 4.000 millones suman los proyectos paralizados en el área inmobiliaria por órdenes judiciales, por la falta de certeza de estos instrumentos.

Y esta semana el parlamentario elevó una minuta con los antecedentes y la propuesta formal al ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, donde además explicita que con la reforma, se busca autorizar que la toma de razón de los decretos respectivos que aprueban un instrumento de planificación territorial pueda ser parcial, en el sentido que todas aquellas partes del instrumento sujeto a examen de legalidad que no sea observado por la Contraloría General de la República, se tenga por aprobado y en consecuencia sea aplicable desde la fecha de su promulgación para todos los efectos legales.

LOS ANTECEDENTES DETRÁS DE LA PROPUESTA

Las razones detrás del proyecto de ley son contundentes. De acuerdo a Fuenzalida, en la actualidad un instrumento de planificación territorial (regional, provincial o comunal) puede tener un proceso de examinación, desde que se inicia con la formulación de este y hasta su toma de razón, que puede exceder de los 6 años.

En efecto, en términos generales, se inicia con la formulación que hace la consultora, pasa por las participaciones ciudadanas, su aprobación, revisión del Minvu y termina con el examen por parte de la unidad especial de la Contraloría General de la República para la toma de razón del decreto respectivo.

“En relación con este último punto, cabe hacer presente que la mayoría de los instrumentos que se encuentran en proceso de revisión, son observados por esta unidad, lo cual genera un mayor atraso en la aprobación del mismo, lo que en la práctica significa aumentar considerablemente el plazo presupuestado”, dice Fuenzalida en su escrito, añadiendo que este mismo resultado tendrán la mayoría de aquellos instrumentos que en la actualidad se están formulando.

IMPACTO ECONÓMICO Y LABORAL

Según lo presentado por el parlamentario, la aceleración de los procesos descritos generaría efectos positivos tanto respecto del incremento de las inversiones, la creación de empleos y mejoramiento de remuneraciones, mayor recaudación de tributos y un aporte al crecimiento económico a nivel regional y nacional.

“Actualmente, es difícil determinar el impacto en la inversión que se puede producir, ya que muchas de las inversiones no siempre se informan por razones estratégicas de los inversores, sin embargo, hay casos como los de la comuna de Coquimbo, que permiten demostrar la tremenda importancia económica que este tipo de propuestas pueden significar para el país2, dijo.

En efecto, Coquimbo es una comuna cuyo plano regulador vigente es del año 1984 y que en la actualidad su nuevo plano regulador fue recientemente observado por la Contraloría General de la República. Lo mismo ocurre con el Plano Regulador Intercomunal de la provincia de Elqui, que se aplica a falta del comunal.

“Ahora bien, si cualquiera de estos instrumentos, estuviera operativo, en la comuna de Coquimbo se podrían concretar, sólo en el área inmobiliaria, proyectos por inversiones aproximadas a U$1.200 millones, generando a los menos entre 2.500 a 3.000 nuevos puestos de trabajo”, señaló Fuenzalida.

Por otra parte, la propuesta contenida en su minuta, asegura, permitiría regularizar casos de proyectos de distinta índole, que por la antigüedad o bien la ambigüedad del instrumento territorial respectivo, hoy se encuentran paralizados por la judicialización de estos.

“En efecto, sólo en el área inmobiliaria y de acuerdo con cifras obtenidas de la CChC, hoy en

Chile está paralizados proyectos por aproximadamente U$ 4.000 millones, por órdenes judiciales, justamente por la falta de certeza de estos instrumentos”, concluyó.

LA ANTIGÜEDAD DE LOS PLANOS REGULADORES EN LA REGIÓN

Hay que recordar que el Plano Regulador Intercomunal de la provincia de Elqui, que inicia su formulación en el año 2010 y que fue aprobado por parte del Gobierno de Regional de Coquimbo, a mediados del año 2014, como ha sido objeto de diversas observaciones por parte de la Contraloría General de la República, hasta esta fecha, es decir, 4 años, aún no se ha podido tomar razón de este. Misma situación se observa con el Plano Regulador de la comuna de Coquimbo, que, a pesar iniciarse su formulación a principios de 2013, a mediados del año 2018 fue observado por primera vez por la Contraloría, observaciones que en su gran mayoría obedecen a errores formales.

Como consecuencia de lo expuesto, y según también ha asegurado el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de La Serena, Sergio Quilodrán, se puede apreciar que todos estos retrasos, generan que en la actualidad muchas comunas del país no tengan instrumentos o bien estos por su antigüedad sean demasiado ambiguos, “impidiendo el desarrollo de ellas y asimismo el mejoramiento de la calidad de vida de sus vecinos. Además, lo anterior también significa que se entraben las inversiones en las diversas áreas sean estas inmobiliarias, de servicios, áreas verdes, equipamiento, infraestructura vial, industrial, comercial, portuaria, etc.”, aseguran.

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