• Pese a los tropiezos judiciales que ha tenido el centro comercial Paseo Balmaceda, este opera desde hace poco menos de un año en la ciudad de La Serena.
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Andrea Cantillanes
La querella fue presentada en contra de Erwin Miranda, Cristián Álvarez y “los que resulten responsables”, por los delitos de “cohecho”, “violación de secretos”, “acceso divulgacion y uso indebido de información” en el caso Paseo Balmaceda, que ha sido tildado por gremios regionales como un caso que crea incerteza jurídica y mal precedente para las inversiones en la zona.

Tras conocerse una declaración jurada por parte de un ex funcionario del Minvu, que acusaba presiones por parte de una autoridad para echar por tierra el proyecto de inversión Paseo Balmaceda, de la empresa Neorentas, trascendió durante esta semana que el Juzgado de Garantía de La Serena admitió a trámite una nueva querella criminal por parte de la firma en contra de Erwin Miranda, ex seremi del Minvu, Cristián Álvarez, abogado, y “todos los que resulten responsables”, en el citado caso.

El argumento del recurso acusa a los litigantes de los delitos de “cohecho”, “violación de secretos”, “acceso divulgacion y uso indebido de información” en el caso Paseo Balmaceda, que ha sido tildado por gremios regionales como un precedente que crea incerteza jurídica y mal precedente para las inversiones en la zona. (Ver recuadro).

PRESIDIO Y PAGO DE MULTAS ENTRE LAS PENAS QUE CONTEMPLA LA ACUSACIÓN

En un documento de 20 páginas, los abogados de la compañía Neorentas presentan en extenso los argumentos que respaldan la querella. Así, se lee que “en el desarrollo del proyecto inmobiliario han existido una serie de acciones que, a juicio de estos querellantes, involucran a autoridades públicas y a particulares dirigidas y destinadas, de una u otra forma, a impedir, primeramente, la construcción del proyecto “Paseo Balmaceda”, intentando anular o invalidar el acto administrativo que constituye el permiso de edificación respectivo otorgado válidamente por la I. Municipalidad de La Serena, para luego procurar que las obras respectivas no fueran recepcionadas en forma definitiva por el referido órgano público, de forma tal de impedir la posible explotación comercial del centro comercial. Acciones y maniobras que, incluso, se han dirigido, por vía de la acción constitucional de protección, a invalidar los actos administrativos que aprobaron Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) relacionado con el proyecto “Centro Comercial Paseo Balmaceda”, pronunciada por el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Coquimbo (Ordinario N° 754, de 27 de julio de 2016) ello con el objeto de impedir el uso de los estacionamientos subterráneos del recinto comercial”.

Más aun, la empresa acusa que “todas estas acciones constituyen medios de presión destinados a que determinadas personas se beneficien económicamente del proyecto inmobiliario y están dirigidas a que estos querellantes, finalmente paguen sumas de dinero a cambio de que se desvanezcan las acciones legales y constitucionales que se han ejercido y, por esa vía, permitir la explotación comercial y el desarrollo del Centro Comercial Paseo Balmaceda”.

Con todo, la empresa solicita al Ministerio Público que inicie una investigación al efecto, disponga las diligencias necesarias para determinar la existencia de los hechos y la identificación de sus responsable, formalice y acuse a todos los responsables de los referidos ilícitos y, en definitiva, “que se les condene al máximo de las penas previstas en nuestra legislación para este tipo de delitos más el pago de las indemnizaciones civiles que correspondan y que oportunamente se ejercerá, todo ello con costas”.

Hay que recordar que algunas de las penas contempladas para las citadas penas son la privación de libertad y “multa del tanto al triplo del beneficio obtenido”, si se lograra confirmar lo que Neorentas acusa.

LA RÉPLICA DE LOS ACUSADOS

En conversación con diario El Día y respecto de la querella que el juzgado adimitió a trámite, el abogado Cristián Álvarez comentó que cree que la querella es una distracción para la opinión pública respecto a los vicios que contiene el anteproyecto de edificación del centro comercial, sobre el que existen recursos pendientes. “Además, la información que usé es pública, la que obtuve gracias a herramientas de transparencia, por lo tanto no habría uso de información privilegiada”, dijo.

Asimismo, agregó en nombre de Erwin Miranda, que “la querella obedece a la misma estrategia de Neorentas de amedrentar para dejar sin efecto los recursos y reclamos en contra del centro comercial. Gran parte de la querella dice relación con la declaración jurada de Fernando Martel, lo que en mi opinión obedece a un acuerdo suscrito entre Martel y Neorentas, lo que implicaría un desestimiento de la empresa respecto de la demanda en contra ese abogado. Y es que Martel habría al mismo tiempo realizado la declaración para zafarse de la demanda debido al estado de salud en el que se encontraba, según él mismo lo explica en la demanda que interpuso en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la cual señala que a propósito de este caso Paseo Balmaceda, cayó en depresión”, explicó Álvarez.

LO QUE SE HA DICHO EN EL NÚCLEO EMPRESARIAL SOBRE EL CASO “PASEO BALMACEDA”

No hay que olvidar que en marzo de este año, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de La Serena, en voz de su actual presidente Sergio Quilodrán, comentaba los tropiezos que ha tenido el caso Paseo Balmaceda, argumentando que si bien entienden que son los tribunales de justicia los que tienen la potestad final para resolver la validez de permisos en general, “consideran que ellos no son simples actos administrativos firmados, pues su objeción a posteriori implica un daño inestimable a la certeza jurídica que rodea a anteproyectos y a las iniciativas de inversión, que ven en los permisos de edificación un instrumento sobre el que descansa todo el desarrollo de la industria inmobiliaria”

“Tal como lo reiteran distintos fallos de los tribunales de justicia, estos permisos otorgan derechos adquiridos que no pueden ser debilitados por declaratorias extemporáneas”, comentó Quilodrán en su momento.

En la misma línea, el actual Director de Obras de la Municipalidad de La Serena, Patricio Núñez, acusaba la semana pasada que ven “con inmensa preocupación el daño que se le puede haber hecho a la industria de la construcción, (…). Lo que aquí tenemos es preocupante por cuanto desde el propio órgano del Estado se trató de dañar una inversión privada (y ello así lo expresa la propia declaración que informan en los medios), proyecto que fue sujeto de acciones concertadas ilegales y arbitrarias”.

 

 

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