Quizás hablar abierta y fundadamente de cuoteo político en el nombramiento de autoridades o funcionarios públicos hace unos años atrás podría haberse catalogado como una herejía, irresponsabilidad o simplemente motivo más que suficiente para que algunos rasgaran vestiduras.

Con el paso del tiempo, y ante la abrumadora evidencia conocida diariamente y que da cuenta de una sumatoria de casos de cuestionamientos en el nombramiento de autoridades de gobierno, queda al descubierto lo que por mucho tiempo fueron (y son) prácticas sistemáticas de designaciones sólo bajo criterios políticos y partidarios, los que a lo menos nos dejan dudas razonables respecto de mecanismos transparentes y objetivos de selección y reclutamiento.

Es así que hace pocas semanas se dio inicio a una campaña denominada #NoAlCuoteo, iniciativa que pretende precisamente impulsar mecanismos de mayor transparencia en la designación de autoridades, donde a juicio de sus impulsores, impera el cuoteo de los partidos políticos por sobre la evaluación de los méritos, independencia e idoneidad de los candidatos/as a los distintos cargos de la administración pública.

Tal vez alguien por ahí podría acusar de excesiva ingenuidad pensar que esas prácticas son parte de los “males necesarios” del sistema, pero lo cierto es que si hacemos una inmersión en el fondo del asunto, los efectos secundarios nos ponen frente a insospechados daños colaterales.

Como ciudadanos podemos quizás otorgar el beneficio de la duda respecto a pensar que una coalición política gobernante tiene la prerrogativa de inclinarse por designar en cargos a aquellos/as partidarios/as afines. Sin embargo, el cuestionamiento comienza a instalarse cuando vemos en la práctica que la idoneidad, competencias y habilidades de muchos/as de estos/as elegidos/as está de manera sistemática y permanente en tela de juicio.

Más aún, el tema comienza a ser mucho más crítico y decisivo a la hora de exigir un alto estándar de probidad, valores y principios éticos como el principal capital de quienes detentan dichas posiciones y cargos de confianza. Pero de qué tipo confianza estamos hablando, ¿confianza política?, ¿confianza personal?, ¿confianza partidaria?

La vulneración al principio de confianza en la fe pública es quizás hoy el acto ciudadano más cuestionado y repudiado. Desgraciadamente vemos que a los aludidos, cuestionados, interpelados, imputados  - y un largo sin fin de denominaciones -  pareciese no importarles, pues mientras sigan investidos con el manto de esa singular “confianza” traspasada por mandato de padrinos y madrinas políticas, seguirán en sus puestos de responsabilidad y privilegio, pensando que sus obligaciones no son las que le ha asignado el estado, sino que su labor consiste en mantener su cuota de poder y la de otros a toda costa.

El modelo de colonización del poder político en ciertos servicios públicos (caso Gendarmería y Sename, por ejemplo), se sustenta en la necesidad de subcontratar la responsabilidad de mantener esas cuotas de poder, entregándosela a otra elite encargada de expandir las fronteras de esas “parcelas”, de las cuales fueron nombrados/as administradores/as, perpetuando así el axioma que la política y sus decisiones es sólo un asunto de algunos/as elegidos/as, construidas para la gente, pero tratando a su vez de evitarlas en todo momento.

Lo que ciertamente vemos a diario en las pantallas de los canales de televisión, redes sociales y medios de circulación nacional no es una realidad muy distante y ajena a nuestra región. Vemos igualmente que el clientelismo político y la captura de privilegios partidarios por grupos que han estado atentos y rondando cada posibilidad de aferrarse a la lucrativa red de empleos públicos es una constante este último tiempo. Casos notorios es posible observar en gran parte de los municipios de la región, y otros tantos en la ya emblemática disputa por servicios públicos, seremías, gobernaciones y un sin fin de instituciones.

Insisto que a estas alturas realizar este ejercicio resulta casi un ingenuo intento por explicar las razones de un sostenido letargo y postergación regional en diversas materias de desarrollo. Sin embargo, lo que resulta complejo es suponer que estas prácticas sean sinónimo de designaciones cargadas a la mediocridad, ausencia de talento o falta de idoneidad profesional de quienes detentan diferentes responsabilidades.

Entonces, si la premisa es cuotear direcciones, jefaturas y otros cargos regionales ¿no sería deseable que este ejercicio fuese realizado entre los/as mejores? Tal vez, de esta manera nos evitaríamos (a lo menos) no padecer de mayores bochornos, confusión y desprolijidad en el actuar público; no tendríamos bonos de emergencia post-terremoto duplicados, no tendríamos directores de servicios que renuncian forzosamente por no cumplir requisitos mínimos, no tendríamos sumarios por títulos profesionales falsos, intervención electoral y malos tratos laborales; no habría procesos licitatorios cuestionados ni asignaciones sociales mal habidas; no habría computadores incautados, faltas administrativas infantiles e irregularidades en becas de alimentación escolar.

Es de esperar entonces que la lección por fin sea aprendida; deberíamos propiciar y fortalecer un sistema que permita seleccionar y mantener a los/as mejores en todos los cargos, estimulando la participación creativa y autogestionada, para que los/as ciudadanos/as se sientan estimulados a ser parte de la sangre fresca que irrigue con nueva energía los servicios públicos, y por sobre todo, donde la lógica de las decisiones comiencen a tomarse en nuevos escenarios, cada vez más públicos y más participativos.

Finalmente, hago parte de esta columna una frase anónima, que a mi juicio engloba esta reflexión: “El primer acto de corrupción que un funcionario público comete, es aceptar un cargo para el cual no tiene las competencias necesaria.”, ¿o no?

Autor

Imagen de Christian Aguilera

Licenciado en Turismo de la ULS, con estudios de post-grado en Sistemas de Gestión de Calidad (UTFSM) y Gestión de Emprendimiento (UDP), desarrollando actualmente estudios y asesorías públicas y privadas.

 

 

 

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