Miles de clientes se vieron afectados por el prolongado corte de luz que se produjo tras el sismo del 19 de enero pasado, afectando a distintas comunas de la región, siendo las ciudades de La Serena y Coquimbo las más perjudicadas con el restablecimiento del servicio eléctrico.

Un escenario que nos obliga a formularnos las siguientes preguntas: ¿Estuvo CGE a la altura de las circunstancias? y ¿Se aplicaron los protocolos que debía realizar la empresa a cabalidad? La respuesta rotundamente es no.

Nuevamente nos enfrentamos a un escenario similar al ocurrido en septiembre del año pasado, donde existe una profunda molestia en los usuarios, no sólo por los perjuicios económicos, sino además por la preocupación que existe en enfermos crónicos, cuyos medicamentos deben conservarse a una determinada temperatura o de lo contrario pierde todos los efectos necesarios, por ejemplo, la insulina.

Paralelamente, debemos tener presente el tremendo daño causado a pequeños comerciantes que debían mantener la cadena de frio de sus productos, provocando importantes pérdidas en sus emprendimientos.

Por ello, es inaceptable que los ciudadanos se vean afectados por una prolongada suspensión del servicio y no se aborde de manera rápida un plan de contingencia por parte de la empresa, en que incluso existieron sectores que esperaron más de 72 horas el restablecimiento del servicio.

Llegó el momento que CGE, como cualquier otra empresa que presta servicios de suministros básicos y que presenta una escasa capacidad de respuesta frente al escenario descrito, sea sancionada con multas ejemplificadoras, como también se compense como corresponda a los clientes afectados y en que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles deberá tener un rol protagónico, de manera que la investigación arroje un resultados lo más transparente posible, frente a hechos que requieren una rápida solución.

El autor es Juan Manuel Fuenzalida, diputado por la región de Coquimbo.

 

 

 

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