9 de marzo del año 2017, la Comisión Regional de Evaluación Ambiental de Coquimbo, aprueba la Evaluación Ambiental del Proyecto Minero Portuario Dominga, ¿Qué habría pasado?, sencillo: Las organizaciones contrarias al proyecto habrían recurrido ante el Comité de Ministros.

18 de agosto del 2017, el Comité de Ministros aprueba la Evaluación Ambiental, ¿entonces?, las organizaciones contrarias al proyecto habrían recurrido al Tribunal Ambiental.

27 de abril del 2018, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, rechaza la reclamación y confirma la aprobación del proyecto, ¿y? nuevamente las organizaciones contrarias al proyecto, habrían recurrido a la Corte Suprema.

Entonces, a pesar de la aprobación en todas las instancias, la calificación del proyecto estaría igual aún pendiente en la Corte Suprema.

Ahora, supongamos que fue aprobado en la instancia regional y que nadie presentó reclamación alguna, quedando firme la resolución de calificación ambiental, ¿estarían ya ejecutando el proyecto entregando los más de 9000 empleos prometidos?: la respuesta es claramente no. Un proyecto de esta envergadura no solo requiere la calificación ambiental, sino una serie de permisos sectoriales para su funcionamiento, siendo la calificación ambiental el inicio de latos procesos ante diversos servicios públicos. 

Por ejemplo, el Proyecto Minero El Espino, aprobado ambientalmente el año 2016, y a pesar que con la llegada de este gobierno se dijo que la confianza de los empresarios crecería para invertir, a la fecha nada se sabe del avance del mismo, que había prometido más de 2900 empleos en su etapa de construcción y de 700 durante la operación, con inversiones por 624 millones de dólares.

Entonces, los que quieren señalar que por el rechazo de Dominga en la instancia regional se ha paralizado la región, no son más que demagogos, vendedores de ilusiones a tantas personas que buscan trabajo, y que confiaron en que los tiempos mejores los traerían y que al igual que los empresarios hoy ven como esos anuncios se desvanecen en promesas de campaña. Porque lo cierto es que ni en el mejor de los escenarios, Dominga estaría ya en términos operativos funcionando, ni menos dando esa cantidad de empleos prometidos.

Poner las expectativas de crecimiento y empleo en un proyecto que no tiene certeza de operación, implica la incapacidad de un gobierno de hacer lo que prometió hacer, porque sea cual sea la resolución de la Suprema, y aunque se apruebe en la región, se iniciará un nuevo proceso de reclamación, que mantendrá, por un buen tiempo más, al proyecto en el mundo de las meras expectativas, tiempo en el que confiamos tengamos autoridades que no solo vean réditos económicos, sino que también el futuro de nuestro medio ambiente.

Ni haciendo ficción, las cosas serían distintas. Insistir en lo contrario es populismo para distraer el deficiente desempeño gubernamental.

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Imagen de mjliram
Abogada, Magister en Derecho Público

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