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Además Wagner deberá pagar 42 millones de pesos (unos 64.600 dólares), la mitad de los impuestos eludidos y no podrá ejercer cargos públicos durante cuatro años, precisaron las fuentes, así como una multa adicional de 40 unidades tributarias anuales, equivalente en la actualidad a unos 35.000 dólares.

Pablo Wagner, subsecretario de Minería en el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) fue condenado por delitos tributarios e incremento patrimonial injustificado, pero cumplirá la pena en libertad, según informaron fuentes judiciales.

Wagner, que fue imputado en el marco del "caso Penta" de financiación ilegal de partidos, parlamentarios y dirigentes políticos, fue sentenciado tras un juicio abreviado por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago a firmar periódicamente ante Gendarmería durante dos años.

El tiempo equivale a la pena de prisión que la Fiscalía había solicitado en su contra.

Además Wagner deberá pagar 42 millones de pesos (unos 64.600 dólares), la mitad de los impuestos eludidos y no podrá ejercer cargos públicos durante cuatro años, precisaron las fuentes, así como una multa adicional de 40 unidades tributarias anuales, equivalente en la actualidad a unos 35.000 dólares.

La semana pasada la Fiscalía modificó la imputación de Wagner y solicitó las mismas penas que dictó el tribunal este miércoles, dos días después de haber condenado a los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, a cuatro años de libertad vigilada.

También el Juzgado de Garantía sentenció a los empresarios a inhabilitación perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de las condenas.

Además, Délano y Lavín deberán pagar una multa por el 100 % de los tributos eludidos, equivalente a 857 millones de pesos chilenos (1,3 millones de dólares) cada uno y tendrán que asistir a clases de ética empresarial.

Penta era un banco de Inversión que manejaba recursos por unos 20.000 millones de dólares, que distribuyó dinero entre políticos, principalmente de derechas, para financiar campañas o como pago por cabildear a favor de sus intereses en determinados proyectos de ley.

Durante los años que pasarán en libertad vigilada, los condenados deberán avisar de su residencia en un lugar y si van a realizar algún tipo de oficio o empleo y, además, estarán sujetos a vigilancia y orientación permanente de un delegado que el tribunal designe.

La Fiscalía retiró a los imputados el cargo de cohecho, que implicaba penas más severas, lo que será apelado ante tribunales superiores por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y querellantes particulares, a los que el tribunal no permitió ser intervinientes en el juicio abreviado.

 

 

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