• Desde el lunes los funcionarios movilizados se tomaron el acceso a las cárceles, frenando el ingreso y egreso de internos.
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Lautaro Carmona
La Defensoría Penal Pública interpuso un recurso de amparo luego de que una imputada dejada en prisión preventiva fuera trasladada a una comisaría, asegurando que las unidades policiales no cuentan con las condiciones para la estadía de internos. Desde Santiago, el subsecretario de Justicia indicó que las medidas del movimiento atentan contra el Estado de Derecho.

Se cumplen cuatro días desde que los funcionarios de Gendarmería hicieron efectiva su paralización nacional y las complicaciones producto del cierre de penales tensaron las relaciones con el Gobierno, en medio de lentas negociaciones y prácticamente nulos avances en la resolución de las demandas, a juicio del gremio.

Luego de no quedar satisfechos con la respuesta de la autoridad en 11 “puntos esenciales” para el Frente de Trabajadores Penitenciarios, los funcionarios movilizados decidieron bloquear de manera indefinida el ingreso y egreso de los internos, como medida de presión, y de a poco han ido radicalizando su postura.

"Con medidas de fuerza y de presión es muy difícil dialogar, si los gremios quieren hablar con nosotros, el Gobierno siempre los va a escuchar", Juan José Ossa, subsecretario de Justicia.

Las demás instituciones ligadas al ámbito penal no han cesado sus funciones, por lo que la medida tomada por los gendarmes ha obligado a que los detenidos con medidas cautelares de privación de libertad deban ser trasladados a unidades policiales, despertando las críticas de distintas autoridades e instituciones.

La difícil situación a nivel nacional no ha dejado exenta a la Región de Coquimbo, donde este martes la Defensoría Penal Pública tuvo el primero de los casos a nivel local, luego de que una imputada por el delito de desacato fuera puesta en prisión preventiva, ordenándose su traslado a la Sexta Comisaría Las Compañías, debido al cierre del Complejo Penitenciario de La Serena.

"Si el paro de se mantiene algunos días más, la situación puede volverse bastante crítica en cuanto al hacinamiento que se puede producir en la comisaría", Yasna Rojas, jefa de Estudios DPP. 

Hasta el lugar se trasladó Yasna Rojas, jefa de Estudios de la institución, quien ha monitoreado las consecuencias del paro en la región e indicó que “si bien las condiciones son las óptimas para una comisaría, no lo son para poder albergar personas privadas de libertad, porque no se dan todas las condiciones que se requieren en cuanto al desencierro, el acceso a una cama o un colchón, acceder a visitas de los familiares, y una serie de temas más que Gendarmería debe asegurar cuando se está en los recintos carcelarios”, indicó.

Para la institución es “una preocupación evidente” un eventual colapso del sistema, por lo que se presentó un recurso de amparo por el caso. “Es un recinto que tiene cinco calabozos para hombres y dos para mujeres. Si el paro de Gendarmería se mantiene algunos días más, la situación puede volverse bastante crítica, en cuanto al hacinamiento que se puede producir”, señaló.

NUEVAS MEDIDAS DE PRESIÓN.

Siguiendo las directrices de los trabajadores a nivel central, los gendarmes de la región radicalizaron la movilización, prohibiendo el acceso de los abogados a las cárceles, lo que complicó aún más el escenario.

01 recurso de amparo se presentó en la Corte de Apelaciones de La Serena por el traslado de imputada a comisaría.

Yasna Rojas lamentó que “la situación nos afecta como institución y más que nosotros, los más afectados son las propias personas privadas de libertad”, añadiendo que además se ha debido suspender una gran cantidad de audiencias.

Consultado, el presidente regional de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería y vocero del Frente en la zona, Boris Ruiz, confirmó que la medida corresponde a una decisión destinada a ejercer más presión para la respuesta a las demandas de los funcionarios, por lo que solo mantendrán el ingreso de magistrados y el Ministerio Público.

LAS NEGOCIACIONES.

El suboficial Ruiz indicó que no ha habido avances en las negociaciones con el Gobierno, por lo que no descartan otras medidas de presión para los próximos días, como la prohibición de ingreso a los trabajadores de la empresa concesionaria en la cárcel de Huachalalume, lo que ya está ocurriendo en otras regiones del país.

“Al no escuchar nuestras demandas, lamentablemente llegamos a estas instancias. Para las policías viene la modernización y a nosotros no nos consideran dentro del circuito de seguridad ciudadana, solo cuando necesitan que alguien contenga a las personas privadas de libertad, ahí si somos importantes”, dijo.

Las autoridades locales han declinado referirse a la situación, debido a que las negociaciones se manejan a nivel central y en este sentido el Subsecretario Juan José Ossa indicó que “el Gobierno ha hecho una oferta que nos parece seria y responsable, por lo que esperamos que nos hagan llegar con la máxima precisión, cuáles son los reparos respecto a la misma y seguir dialogando”.

"Son las directrices enviadas de Santiaogo. Al no escuchar nuestras demandas, lamentablemente llegamos a estas instancias (...) no descartamos tomar nuevas medidas", suboficial Boris Ruiz, representante local.

Si bien consideró legítimas las demandas, el subsecretario criticó las medidas de presión “que atentan contra el Estado de Derecho”, por lo que aclaró que se trata de una “movilización ilegal” y llamó a seguir el camino del diálogo, “el gobierno no puede permitir que el Poder Judicial se vea entorpecido por medidas de fuerza por parte de ningún gremio, en ese sentido el control de la delincuencia es clave para la ciudadanía y por lo mismo quiero insistir que los controles de detención tienen que realizarse con normalidad”.

Sobre las medidas que se tomarán por las consecuencias del paro indicó que Gendarmería está levantando la información y se tomarán “todas las medidas que se tengan que tomar” para cumplir con las normas legales y dictámenes de Controlaría en materia de huelgas ilegales, añadiendo que las autoridades están obligadas a realizar descuentos en estas situaciones, “la ley es la ley”, sentenció el subsecretario. 6301i

Demandas, propuestas y diálogos

Son 11 los puntos en los cuales el Frente de Trabajadores Penitenciarios esperan respuestas ante demandas calificadas como "históricas" para la institución. Entre las principales peticiones destaca la reestructuración del escalafón de personal, la creación de la “planta número 3” de personal no uniformado y temas como la previsión y pensiones, “puntos básicos” para el movimiento.

Ruiz explicó que “tenemos uniformados que han pasado más de 5 años de ingreso y todavía no tienen su primer ascenso, lo que significa que no hay aumento de remuneraciones. Lo mismo pasa con los no uniformados, que ingresan por concurso, a contrata y tampoco tienen movilidad”, sostuvo.

En respuesta, el gobierno envió una propuesta también de once puntos, donde destacan el incentivo al retiro, con el que buscan “posibilitar más ascensos y así incrementar la fluidez, dinamismo y movilidad de la carrera funcionaria”, lo que significaría “miles de ascensos al año 2023”.

El gremio ha considerado insuficientes las propuestas, ante lo cual han mantenido la paralización, advirtiendo que se irá radicalizando si no hay soluciones, mientras que desde la cartera de Justicia esperan que la problemática sea aborada "con una perspectiva técnica y sin medidas de fuerza".

 

 

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