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En el 2018, de un total de 154 proyectos elegibles, 81 tenían el mismo ejecutor. Los paseos tuvieron una serie de irregularidades y las rendiciones eran presentadas por la misma empresa.

La denuncia de un club de adulto mayor de La Serena destapó una serie de irregularidades en la postulación y ejecución de proyectos sociales, que obtienen recursos aprobados por el consejo regional.

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Ayer se conoció las acciones desarrolladas por el Consejo Regional que durante el año pasado detectó que de un total de 154 proyectos elegibles, “81 presentan el mismo ejecutor afectando con ellos los principios de equidad y eficiencia en la distribución de recursos”.

El organismo intentó declarar desierto el concurso, pero la contraloría dictaminó que “no resulta admisible las pretensiones de consejo en orden a fijar, después de aprobadas y publicadas las bases nuevos criterios de selección, ni aun pretexto de elevar la idoneidad de los postulantes”.

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Con el objetivo de investigar las irregularidades denunciadas, en enero de este año el CORE creó una Comisión Fiscalizadora que estuvo integrada por los consejeros Cristian Carriel, Javier Vega y Jaime Herrera.

En conversación con El Día, Carril comentó que a la luz de los hechos denunciados “los fondos concursables para proyectos sociales perdieron su foco, su origen, toda su razón de ser” y que la situación “explotó a través de los clubes de adultos mayores”.

El consejero explicó que la comisión comprobó que “varios clubes de adultos mayores habían sido “utilizados” para postular proyectos destinados al fortalecimiento comunitario, mediante el ofrecimiento de viajes”.

Para Carriel, la problemática tiene varias aristas, siendo una de ellas, la técnica. “Las bases de los fondos son generadas por el gobierno regional”, las cuales, asegura, al igual que en años anteriores este 2019  fueron presentadas “el último día antes del plazo” y “previo al periodo de vacaciones”. Todo, esto a su juicio provoca “una conducción poco clara”, argumentó.

Como segunda fase, existe una revisión de los proyectos postulados, donde también existiría un trabajo poco prolijo. “La primera crítica que hicimos fue que si algún funcionario ve que 80 o 90 proyectos están justificados de la misma manera, lo mínimo que tiene que hacer es alertar. A nosotros nos llegan los proyectos ya filtrados”.

El consejero Jaime Herrera, integrante de la comisión, detalló que “pudimos detectar que habían clubes del adulto mayor que no tenían ninguna participación salvo decir que estaban de acuerdo en la presentación del proyecto, el que era presentado por la empresa”.

“Detectamos algunas irregularidades que podrían ser catalogadas de ilegales en el sentido de que gran parte de las rendiciones de los proyectos ejecutados eran realizadas directamente por la empresa”, añadió.

Incluso -señaló- “se falsearon firmas en algunas rendiciones con el nombre de la presidenta o presidente del club favorecido”. Se estableció que la empresa cuestionada “estaba haciendo un aprovechamiento económico de los fondos de los fondos sociales”

Por su parte, la consejera regional Lidia Zapata, representante del Limarí, comentó que la amplia cantidad de proyectos con un sólo ejecutor fue detectada el año pasado y que se efectuaron las consultas a la Contraloría para frenar la entrega de los recursos. “La contraloría dictó un dictamen en que indica que no podíamos como consejo regional dejar de aprobar un proyecto que ya cumplía con las fases efectivamente”, aseguró.

A su juicio, “esta empresa ha actuado en forma descarada, al no cumplir con el servicio o el proyecto”.

Finalmente, la consejera Lidia Zapata hizo un llamado a que los afectados insistan en presentar sus denuncias.

Los antecedentes recopilados por la comisión fueron informados al Consejo de Defensa del Estado.

DC descarta vínculos con empresa cuestionada

La directiva regional de la Democracia Cristiana emitió en la tarde del lunes una declaración pública para aclarar que la representante de la agencia de turismo “Cochiguaz”, involucrada en las denuncias, “no es ni ha sido militante” del partido, como se indicó en distintos medios de comunicación.

El texto agrega que “la democracia no acepta ni aceptará el desvío de recursos públicos a otros fines que no sean los que corresponden”.

 

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