Crédito fotografía: 
Lautaro Carmona
Habitantes y emprendedores gastronómicos se ven expuestos a la incertidumbre porque el trámite puede demorar años y el monto a pagar se incrementa sostenidamente. Parlamentarios regionales se han reunido con los afectados para buscar solución.

Al menos un centenar de pobladores, más un grupo de pequeños y medianos empresarios que operan en el borde costero de Tongoy, sienten temor de perder sus viviendas y negocios si es que no pueden pagar la concesión marítima que les permite permanecer en ese lugar, un derecho que se cancela a la Armada de Chile, pero con los años aumentó  su valor de manera desproporcionada tras un reavalúo fiscal hecho por el Servicio de Impuesto Internos. 

El diputado Sergio Gahona explica a El Día que esta situación afecta fundamentalmente a las personas que viven en el borde costero, porque en muchos casos lo que tienen que pagar supera el costo de la propiedad que tienen construida, por lo que terminan perdiendo la concesión marítima y también la casa.

 “Después esos sitios abandonados pasan a ser casas ocupadas ilegalmente o son tomadas por gente que se dedica a la drogadicción o alcoholismo. Por eso, lo que hemos estado haciendo es sostener conversaciones con el Ministerio de la Defensa y la Subsecretaria de las Fuerzas Armadas para poder buscar fórmulas que permitan que los precios por las concesiones sean razonablemente más pagables”, precisa. 

En este sentido, asegura el diputado, varios casos fueron resueltos, pero serían al menos un centenar de personas que tienen su domicilio en el borde costero las que están involucradas. 

“Esto también afecta a la gente que tiene restaurantes, por lo tanto aquí tiene que haber una solución. Sin embargo, estamos evaluando cada caso en particular, porque es muy distinta la situación de una persona que vive, a la de una persona que tiene su casa de veraneo o de los que tienen un negocio, una empresa o industria”, comenta

Incertidumbre latente

Un Equipo de El Día visitó Tongoy este martes para conocer de cerca la realidad de los habitantes y locatarios del borde costero. Se pudo constatar que existe mucha preocupación ante la tardanza en las concesiones, porque algunas de ellas demoran hasta seis años, y por el dinero que deben desembolsar cuando son aprobadas, que además se paga aparte de las contribuciones habituales.

Según precisó uno de los vecinos, quien ofreció su testimonio de manera anónima, en el año 2005 subió el impuesto territorial, -una especie de arriendo que se cancela al fisco-, el cual pasó de  1.974 a 17.624 pesos, un aumento de casi 1.000 %. 

La decisión la tomó el Servicio de Impuestos Internos en la región, que hizo un reavalúo de las propiedades. El argumento que les dieron para justificar el aumento fue “el desarrollo de Tongoy”, según cuenta. Posteriormente la Armada, institución que administra los terrenos, toma como referencia los valores de Impuestos Internos para cobrar la concesión marítima. Ellos tienen como facultad cobrar entre el 16% y el 100% del avalúo, y como este subió exageradamente, la concesión también lo hizo.

“A un vecino le llegó la tramitación de la concesión en la que le explicaban que en los primeros años tendría que pagar el 35% del avalúo total y después empezaría a pagar el 72% anual, eso es demasiado y por eso nos vemos tan complicados. Existe una ley para que estos sitios pasen a ser de Bienes Nacionales y no de la Armada para que en un futuro incluso tengamos posibilidad de comprar el sitio, pero eso aún está en discusión”, detalló.

Por su parte Jenny Álvarez, quien desde hace 40 años vive en la zona, señala que es excesivo el aumento, lo que no debería ser, “porque la situación económica en este momento para todos es irregular y eso no te permite vivir tranquilo”.

“Estamos conscientes que el valor se tiene que ir renovando pero esto debería ser de acuerdo  a la Unidad de Fomento o una regulación que sea accesible, pero no a excesos como esos no tiene razón de ser. Yo estoy esperando llegue la concesión marítima desde el año 2016, es decir, ya son cuatro años y al vecino de al lado le tardó seis, así que me preocupa porque si me muero antes estas deudas son heredables y le quedan a mis hijos”, manifiesta. 

Locatarios preocupados

Tito Sepúlveda, dueño del restaurant Negro El Cero, relata a El Día que se han sostenido encuentros con autoridades, pero aún “no se ha resuelto nada de la renovación de concesiones”. Él lleva 3 años en el trámite y sabe que deberá pagar un precio mucho mayor.

“Hay temor de perder esto porque vienen otros con más plata a comprarlo y nosotros vamos a quedar sin nada. Yo llevo 33 años acá, el local representa todo para mí todo porque no tengo otra profesión más que ser maestro de cocina y es mi fuente de trabajo porque la jubilación es poca, recibo solo 180 mil pesos que no alcanzan ni para pagar el agua y por eso estamos asustados”, dice. 

Por su parte, Ana Santander, encargada del local El Rey Uno, abordó otra problemática que se suma a la del alto precio de las concesiones y es que en Tongoy los mayores ingresos se obtienen en verano, pero en otras épocas no se vende mucho, “e igual debemos pagar todo el dinero que nos piden”.

“La patente comercial también subieron y además de concesión marítima hay que estar al día con las contribuciones”, alega.

 

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